Schneiderman Anuncia Acuerdo Por $1, 600 Millones Con Johnson & Johnson Y Janssen Pharmaceuticals Por Practicas Ilegales En La Comercialización De Medicamentos

El Estado de Nueva York para recibirá $138 millones como parte del acuerdo federal-estatal que resuelve acusaciones civiles y criminales en contra las empresas

Schneiderman: Este acuerdo histórico detiene la comercialización de medicamentos anti-psicóticos potentes para uso no indicado; Reembolsa a contribuyentes por reclamos falsos

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que Nueva York se ha unido a otros estados y el gobierno federal en un acuerdo por $1,600 millones que resuelve las acusaciones civiles y penales de que Johnson & Johnson y su subsidiaria, Janssen Pharmaceuticals, Inc., promovieron la venta y el uso de Risperdal y Invega para usos no autorizados por la Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU. y mercadeo a Risperdal e Invega en el comercio interestatal. Risperdal y Invega son medicamentos anti-psicóticos aprobados por la FDA para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar I.

"La promoción ilegal de medicamentos para usos no aprobados  por parte de corporaciones farmacéuticas tiene que parar. Los consumidores, incluyendo a los padres de niños con trastornos de hiperactividad y otros pacientes vulnerables, deben poder confiar en el consejo de su doctor sin temor a que las compañías farmacéuticas están manipulando las recomendaciones medicas", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Este acuerdo histórico hacen rendir cuentas a las empresas  por las prácticas que ponen a los pacientes en peligro, y sirve como una advertencia a otros gigantes farmacéuticos de que tienen que respetar las reglas. Y va más allá al asegurando que las empresas dejen de remunerar a los médicos para recetar ciertos medicamentos".

Johnson& Johnson y Janssen, fabricantes de productos farmacéuticos con sede en Nueva Jersey, acordaron pagar a los estados y el gobierno federal más de $ 1.2 mil millones en por daños civiles y sanciones para compensar a Medicaid, Medicare y otros programas de gobierno. Además, Janssen se declarará culpable en una corte federal en Filadelfia, Pennsylvania,  de violaciones de la  Ley sobre Alimentos,  Medicamentos y Cosméticos de EE.UU., y ha acordado pagar $ 400 millones en multas y confiscaciones. Más de $523 millones dólares del acuerdo civil se destinarán a los programas estatales de Medicaid, que son financiados conjuntamente por los estados y el gobierno federal. El Programa de Medicaid del Estado de Nueva York recibirá más de $ 138 millones. Los restantes $749 ,240, 137 se designa a los programas federales de atención médica, incluyendo la parte federal Medicaid, afectados por la conducta de las empresas.

La investigaciónresultó de cuatro demandas de denunciantes presentados en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Pennsylvania, en virtud de la Ley Federal de Reclamos Falsos y leyes de reclamos falsos de varios estados, incluida la Ley de Reclamos Falsos de Nueva York. Los EE.UU. y los estados sostienen que durante el período 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre 2005, las empresas comercializaron Risperdal para usos no indicados, hicieron falsas y engañosa declaraciones sobre la seguridad y eficacia de Risperdal, y pagaron comisiones ilegales a servicios de salud profesionales y farmacias de cuidados a largo plazo para inducir a promover o prescribir Risperdal a poblaciones de pacientes, como los niños, los adolescentes y las personas mayores para los que no hubo aprobación de la FDA. Establece además, que a partir del 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009, las empresas promovieron Invega para usos no indicados e hicieron declaraciones falsas o engañosas acerca de la seguridad y eficacia de INVEGA.

Como parte dela solución global, las empresas también han entrado en un acuerdo de integridad corporativa con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Oficina del Inspector General, que seguirá de cerca las prácticas de venta y comercialización de la compañía.

Un equipo de laAsociación Nacional de Unidades de Control de Fraude de Medicaid, dirigido por Nueva York y Massachusetts, trabajó en estrecha colaboración con el gobierno federal en la investigación, y llevó a cabo las negociaciones de acuerdos con los fabricantes de productos farmacéuticos, en nombre de los estados. En el estado de Nueva York, el caso fue manejado por la Fiscal Adjunta Especial Marie Spencer de la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General; el Analista de Programas de Computadoras Nicholas Furnari; la supervisora  Auditora / Investigadora Especial Theresa White; el Auditor Asociado / Investigador Especial Deowattie Persaud, y el  Auditor Especial / Investigador Mathew Tandle, bajo la supervisión del Sub Auditor Jefe Michael LaCasse, la Vice Fiscal de MFCU Mónica Hickey-Martin y la l Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal Kelly Donovan.

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