Schneiderman Anuncia Acuerdo Nacional Por $95 Millones Con Pharma Company Sobre Prácticas Fraudulentas

Nueva York recibirá $3.1 millones de Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. para resolver cargos de promoción de usos no autorizados de medicamentos y soborno

Schneiderman: Las compañías farmacéuticas que comercializan medicamentos no aprobados tendrán que rendir cuentas

 

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. (BIPI) acordó pagar $95 millones para resolver acusaciones de que la empresa participó en distintos esquemas ilegales relacionados con la comercialización de los medicamentos Aggrenox, Atrovent, Combivent y Micardis. El Programa de Medicaid de Nueva York recibirá más de $3,1 millones en el acuerdo nacional con el gobierno federal, los 50 estados y el Distrito de Columbia. Además, BIPI ha firmado un Acuerdo de Integridad Corporativa con la Oficina de Recursos Humanos y de Salud del Inspector General para mejorar las prácticas empresariales en lo adelante.

NuevaYork y sus aliados del gobierno estatal y federal acusó a BIPI de incurrir en un patrón ilegal de comercialización de estos medicamentos para usos no aprobados por la FDA, haciendo declaraciones falsas acerca de la efectividad del medicamento Atrovent, y ofrecer sobornos a los profesionales médicos.

"No hay excusas para comercializar medicamentos no aprobados de forma engañosa, ofreciendo sobornos a los profesionales de la salud y estafando a los contribuyentes al defraudar al Medicaid y otros programas", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Con este acuerdo, continuamos nuestro mensaje a Boehringer-Ingelheim y otras grandes empresas farmacéuticas: no están por encima de la ley".

Este acuerdo,revelado hoy, aborda los cargos de que BIPI se dedicó a las siguientes actividades:

  • Comercialización dela droga Aggrenox ® para utilización no autorizada en los casos de infarto de miocardio y enfermedad vascular periférica e hicieron declaraciones falsas al programa estatal de Medicaid sobre la superioridad de Aggrenox ® en comparación con el fármaco Plavix, a pesar de la falta de evidencia clínica para hacer tal afirmacion.
  • Hizo falsas afirmacionessobre el coste de Atrovent ® al programa Medicaid sobre las que el programa de Medicaid del Estado se basó en la toma de decisiones de autorización y formulario. BIPI afirmó al programa estatal de Medicaid que Atrovent ® era un tratamiento más rentable que sus competidores basados ​​en suinformación sobre la dosificación aprobada, a pesar de que BIPI comercializó dosis superiores del fármaco a la dosis aprobada.
  • Comercialización del fármacoCombivent ® en el tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y promovió la venta y el uso de Combivent ® en dosis que exceden las previstas en el programa estatal de Medicaid
  • Comercializacióndel medicamento Micardis ® para usos que no fueron aprobados por la FDA, incluyendo el tratamiento de la enfermedad renal diabética temprana.
  • Ofreció y prestó servicios y otras cosas devalor a los profesionales de la salud por participar en programas como el de inducir a la promoción y prescribir Aggrenox ®, Atrovent, Combivent ® y Micardis ® como remuneración por participar en los órganos consultivos, programas de capacitación, programas y programas de consultoría, en violación de la Ley Federal de Lucha Contra el Soborno.

Este acuerdose basa en una acción qui tam presentada por un particular conforme a leyes estatales y federales basada en afirmaciones falsas presentada en el Distrito de Maryland de la Corte Federal de EE.UU.

Un equipo de la Asociación Nacionalde la Unidad de Control de Fraude al Medicaid (NAMFCU) participó en la investigación y análisis de las alegaciones y llevó a cabo las negociaciones del acuerdo con BIPI en nombre de los Estados.

JaySpeers, abogado de la Unidad de Control de Fraude de Medicaid, Stacey Millis, investigadora supervisora Auditora Especial y Kenneth Deis , Investigador Especial manejó el asunto da nombre del Estado de Nueva York, bajo la supervisión de la Fiscal General Adjunta Mónica Hickey-Martin.

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