Liderando Una Coalicion De 11 Estados, Schneiderman Presento Una Instancia Ante La Corte Suprema Argumentando Que La Ley Migratoria De Arizona Es Inconstitucional

La medida migratoria de Arizona socava las prioridades de las fuerzas orden público federales y amenaza a los derechos civiles

Schneiderman: Los estados no pueden promulgar parches incoherentes a las políticas de remoción de inmigrantes sin supervisión federal

WASHINGTON - El Fiscal General del Estado de  Nueva York, Eric T. Schneiderman, junto con los fiscales generales de California y otros nueve estados, presentó una instancia-amigo-de-la corte ante la Corte Suprema de los EE.UU. argumentando que una controversial iniciativa de Arizona contra los inmigrantes indocumentados es inconstitucional porque es incompatible con la ley federal, pone en peligro los derechos civiles y socava las prioridades de aplicación de la ley federal. El sumario fue presentado en el caso de Arizona contra los Estados Unidos, que será conocido por la Corte en abril, argumentando que los Estados tienen amplia autoridad para promulgar y aplicar una amplia variedad de leyes que afectan a los inmigrantes, pero sólo el gobierno federal puede establecer y supervisar una política de expulsión de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.

La medida,conocida como SB 1070, requiere a los agentes del orden de Arizona a participar orquestar sus propias medidas de aplicación para ayudar a la expulsión - incluyendo arrestos y detención de las personas que parecen ser inmigrantes indocumentados - sin ningún tipo de supervisión federal, y sin tener en cuenta las prioridades de control federales.

La ley de Arizonatambién criminaliza cualquier trabajo (o intentos de encontrar trabajo) de los inmigrantes indocumentados, y cualquier incumplimiento por parte de esos inmigrantes de los requisitos de registro federales. El gobierno federal de Estados Unidos presentó una demanda para impedir la aplicación de la ley de Arizona, sobre la base de que entra en conflicto con las políticas y la ley federal, y dos tribunales federales inferiores estuvieron de acuerdo. Arizona está tratando de obtener que la Corte Suprema los EE.UU.  revoque esa decisión.

"Un fallo a favor  de la ley de Arizona ... sería autorizar y alentar a otros Estados, en todas partes del país, a promulgar sus propias versiones de la SB 1070, refleja sus propias y conflictivas preferencias de expulsión. Ante este mosaico de competencias, inconsistente, y las políticas irreconciliables de remoción,  socavaría totalmente la provisión del Congreso para establecer la dirección y la supervisión federal en todo el país ", argumentaron  los estados en el sumario. "Los excesos de celo y acciones indiscriminadas para identificar y remover a los inmigrantes indocumentados también suponen muchos riesgos para violaciones de los derechos civiles -un riesgo que también afecta a los residentes legales. Por lo tanto, las medidas policiales dirigidas a los inmigrantes "removibles", tales como la revisión de la documentación u otras medidas de investigación, amenazan con barrer a muchos inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que simplemente comparten la misma raza, etnia o identidad cultural con los inmigrantes indocumentados comunes a un área en particular".

Nueva York yCalifornia, hogar de algunas de las mayores comunidades de  inmigrantes del país, tanto documentados como indocumentados, tomaron el liderazgo de un grupo de 11 estados que se oponen a la ley de Arizona. Los otros estados que unen al sumario son Connecticut, Hawai, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Oregón, Rhode Island y Vermont.

El sumario sostiene que el Congreso puso al Poder Ejecutivo federal a cargo de la aplicación y la supervisión de una política de inmigración a nivel nacional con prioridades específicas. Como parte de esa política, el Poder Ejecutivo supervisa los esfuerzos de cooperación con los estados para identificar, arrestar y detener a inmigrantes indocumentados con fines de expulsión. Pero bajo la ley federal, los estados no podrán desarrollar sus propias prioridades, sin la supervisión federal. El sumario identifica varias buenas razones para sustentar este principio.

En primer lugar,las actividades de aplicación para expulsar personas de los EE.UU. puede tener muchos efectos en comunidades enteras, que pueden estar conformadas porinmigrantes documentados e indocumentados, así como ciudadanos estadounidenses. Estos efectos pueden desestabilizar familias, comunidades y otras relaciones económicas y sociales. En segundo lugar, las medidas de coercitivas dirigidas a los inmigrantes indocumentados amenaza con barrer a muchos de los inmigrantes documentados y los ciudadanos también- y los esfuerzos de aplicación de la ley excesivamente celosos crean el riesgo de violar de derechos civiles que causan daños graves en los que simplemente comparten la misma raza, etnia, o la apariencia, que los inmigrantes indocumentados perseguidos.

El Fiscal General Schneidermany la coalición de estados sostienen que estas preocupaciones explican la decisión del Congreso para fijar las prioridades de control y de delegar al Poder Ejecutivo poder discrecional sobre el nivel adecuado de las medidas de aplicación de la ley. Sería imposible cumplir o poner en práctica esas prioridades y juicios, si cada estado podría simplemente optar por hacer valer sus propias prioridades y su propio nivel de actividad en la  aplicación de la ley, sin ningún tipo de supervisión federal.

El expediente también sostiene que, si los estados podrían hacer valer sus propias prioridades y políticas en este ámbito, sus acciones tendrían consecuencias importantes para otros estados. La política de expulsión unilateral de Arizona impondría serias exigencias a las autoridades federales, quienes tendrían que responder a las solicitudes de información oficiales de Arizona y determinar qué hacer con los detenidos en Arizona. Esto desviaría los recursos federales de las áreas prioritarias establecidas por el Congreso, incluyendo la protección del público de delincuentes peligrosos y terroristas, no sólo en Arizona sino en otros lugares. Y las políticas coercitivas independientes de Arizona, inevitablemente, afectarían las decisiones tomadas por los inmigrantes y residentes legales acerca de dónde vivir y visitar, lo que resultaría en un considerable impacto social y económico en otros estados.

Una copia del sumario-amigo-de-la-corte de los estados en Arizonacontra los Estados Unidos está disponible en línea: Click here

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