Schneiderman Obtiene Importante Victoria Judicial En Defensa De Las Leyes De Control De Armas Del Estado

Corte Federal dictaminó que los individuos no tienen derecho constitucional a portar un arma en público
Schneiderman: Mi oficina defenderá agresivamente las leyes de armas de fuego del estado por la seguridad y bienestar de todos los neoyorquinos

 

WHITE PLAINS – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que su oficina ha obtenido una victoria judicial importante en la defensa de las leyes de control de armas del estado de Nueva York. En una decisión en el caso de Kachalsky, et al. v. Cacace, et al, una juez federal del Distrito Sur de Nueva York rechazó un recurso de inconstitucionalidad a la ley de licencias de armas de fuego de Nueva York, estableciendo que los individuos no tienen el derecho constitucional a portar armas en público.

"Todos los días, mi oficina lucha para asegurar que todos los neoyorquinos están a salvo y seguros en sus comunidades", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Esto significa garantizar que las leyes de control de armas de nuestro estad sean protegidas y se hagan cumplir vigorosamente. Esta decisión del tribunal federal es una victoria para la ley del Estado de Nueva York, la Constitución de los Estados Unidos, y las familias a través de Nueva York que están legítimamente preocupados por el flagelo de la violencia de las armas que con demasiada frecuencia afecta a nuestras comunidades".

"Esta es una gran victoria para la seguridad pública de todos los neoyorquinos", dijo Jackie Hilly, Directora Ejecutiva de Neoyorquinos Contra la Violencia de las Armas de Fuego. "Aplaudimos al Fiscal General Schneiderman por defender vigorosamente las leyes estatales de armas que indican claramente que los individuos no tienen derechos constitucionales a llevar peligrosas armas ocultas al público.  Para los agentes del orden y de las comunidades a través de este estado, esta decisión significa menos muertes y lesiones - es así de simple".

"Esta importante decisión protege el derecho de Nueva York para decidir las condiciones en que puede llevarse un arma oculta", dijo Richard M. Aborn, Presidente de la Comisión Ciudadana de Nueva York Contra el Crimen. "Como resultado de la agresiva defensa del  Fiscal General Schneiderman de nuestras leyes estatales de armas, nuestras comunidades serán más seguras”.

En Kachalsky, et al. v. Cacace, et al, cinco demandantes individuales que residen en el condado de Westchester, y una organización, la Fundacion Segunda Enmienda, Inc., sostuvo que la provisión "causa justificada" de la ley de Nueva York que rige la expedición de licencias para portar armas ocultas en público viola sus derechos bajo la Segunda Enmienda de la Constitución de los EE.UU. tal como se define en dos decisiones históricas recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos, Distrito de Columbia v. Heller y McDonald v. ciudad de Chicago. La disposición "causa justificada" exige que un solicitante de licencia para “demuestre una especial necesidad de protección propia distinta de la de la comunidad en general o de los que trabajan en la misma profesión".

Los acusados en este caso, cuatro magistrados de la Corte del Estado que también sirven como "agentes de licencias" en virtud de la ley de Nueva York, estuvieron representados la oficina del Fiscal General Schneiderman, que argumentó que la  provisión de "causa justificada" de la ley de Nueva York no había violado la Segunda Enmienda según lo descrito por la Corte Suprema en  Heller y McDonald.  La Jueza Cathy Seibel estuvo de acuerdo, y emitió el fallo de que la Segunda Enmienda establece el derecho a portar armas con el propósito de la autodefensa en el hogar, pero no se extiende al derecho a portar armas en público.

La jueza resolvió, además, que incluso si la Segunda Enmienda se leyera para cubrir ese derecho, la provisión de “causa justificada” de Nueva York  tiene sustento constitucional bajo los fallos de Heller y McDonald porque la ley esta sustancialmente relacionada con los intereses gubernamentales, es decir, la promoción de la seguridad pública y la prevención de los delitos cometidos con armas de fuego ocultas. Seibel también dictaminó que la provisión "causa justificada" no viola la cláusula de igual protección de la Constitución, ya que no discrimina a los solicitantes de licencia para portar armas.
En consecuencia, la jueza Seibel  concedió a los demandados la  moción de juicio sumario, y  desestimó el caso de los a los demandantes  en su totalidad.

El caso fue manejado por los Fiscales Generales Adjuntos Monica Connell y Anthony Tomari,  bajo la supervisión del Vice Jefe del Buró Bruce McHale.

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