PROCURADOR GENERAL CUOMO DEMANDA A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INMIGRACIÓN POR ASECHAR Y ENGAÑAR A HAITIANOS IMPACTADOS POR EL RECIENTE TERREMOTO
La Víctimas Pagaron Grandes Sumas de Dinero Por Servicios Legales que Las Compañías No Estaban Autorizadas a Realizar Y que Muchas Veces No Proveyeron
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La Demanda Legal Busca Cerrar Las Compañías Y Obtener Restitución Monetaria para las Víctimas
NUEVA YORK, NY (8 de junio del 2010) – El Procurador General del Estado de Nueva York, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que radicó demandas contra varias compañías que asechaban a la comunidad haitiana con servicios de inmigración fraudulentos después del terremoto en enero que devastó mucha de la región de la capital haitiana.
Las demandas alegan que las compañías y sus propietarios – quienes no eran abogados – estaban proveyendo ilegalmente asesoría y servicios legales a inmigrantes haitianos. Al no ser abogados, a dichos propietarios les es prohibido proveer asesoría legal o representar a cualquier persona ante las autoridades de inmigración. Además, las demandas alegan que las compañías estaban cobrándoles miles de dólares a los inmigrantes haitianos por procesar sus solicitudes de inmigración las cuales podrían ser sometidas gratuitamente a través de una dispensa (waiver). Este caso es parte de la continua investigación que realiza el Procurador General Cuomo hacia el fraude de inmigración.
El Procurador General radicó demandas contra: Chay Pa Lou Community Center Inc., Delegue Tax Consultant, Inc., y contra su propietario Jean Michel; así como a Rincher’s Multi-Service (también conocido como Rincher Bookstore ó Rincher Associates ó Haitian American Entrepreneur’s Group, LLC), y contra sus propietarios y operadores Deslande Seixas-Rincher, y Sharlene Seixas-Rincher. Todas estas compañías están ubicadas en Brooklyn, Nueva York.
“A la luz del reciente y devastador terremoto in Port-au-Prince, tristemente los haitianos que viven en Nueva York han sido blanco de estafas de inmigración, lo cual trae aún más dolor a una comunidad que ya ha sufrido tanto”, dijo el Procurador General Cuomo. “Estos casos son parte de la continuos esfuerzos que realiza la Procuraduría General para reprimir las estafas de inmigración por todo Nueva York y exhorto a cualquiera que haya sido afectado por este tipo de fraude a que contacte a mi oficina”.
Después del terremoto ocurrido en Haití en enero del 2010, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos permitió que los ciudadanos haitianos en los Estados Unidos solicitaran el llamado ‘Estatus de Protección Temporera’ (Temporary Protected Status, “TPS”) para permanecer en el país por 18 meses. Luego de que dicho Departamento hiciera el anuncio del TPS, la Procuraduría General recibió quejas de que los inmigrantes haitianos estaban siendo blancos de anuncios publicitarios de parte de compañías que ofrecían servicios de inmigración fraudulentos e ilegales a precios exorbitantes.
La investigación del Procurador General reveló que estas compañías les cobraban a los inmigrantes haitianos por procesar solicitudes de inmigración que podrían haber sido sometidas gratuitamente a través de una dispensa (waiver) o por una tarifa baja. Esas compañías también les cobraron a algunos inmigrantes por procesar solicitudes de inmigración aún cuando no eran ni siquiera elegibles para permanecer en los Estados Unidos. Además, algunos inmigrantes pagaron por el procesamiento de solicitudes y servicios legales que nunca fueron provistos.
Las demandas legales buscan cerrar permanentemente estas compañías e impedirles que provean servicios legales de inmigración. Las demandas también buscan conseguir restitución monetaria para las víctimas que pagaron miles de dólares por servicios legales que estas compañías no estaban autorizadas a proveer y, en muchas ocasiones, no proveyeron. El Procurador General está autorizado a buscar un interdicto o mandato judicial (injunction), multas (penalties) de hasta $7,500 por cada violación y restitución monetaria. Las compañías operadas y de la propiedad de Jean Michel enfrentan una responsabilidad legal (liability) por más de 100 violaciones conocidas; las compañías operadas y de la propiedad de Seixas-Rinchers enfrentan una responsabilidad legal por más de 30 violaciones conocidas. Previamente el Procurador General obtuvo una orden judicial contra el Chay Pa Lou Community Center Inc., acción legal que congela sus activos y les imposibilita de destruir documentos y transferir activos.
La Oficina del Procurador General coordinará con varias asociaciones legales de Nueva York para ayudar a manejar los casos existentes en dichas compañías y para proteger a las víctimas inocentes.
Bajo las leyes estatales y federales, sólo los abogados o representantes acreditados pueden representar a individuos ante las autoridades de inmigración. Bajo las leyes del Estado de Nueva York, es ilegal engañar (mislead) o estafar a cualquier persona al proveerle servicios relacionados a inmigración. La ley de Nueva York también requiere a cualquiera que provea servicios de inmigración a cumplir con las reglas de publicidad, los requerimientos para el uso de letreros informativos (signage), y los requerimientos de fiador (surety requirements), así como proveer a los consumidores de contratos escritos – tanto en inglés como en el idioma primario del consumidor –, donde se detallan los servicios que ellos proveerán y su política de cancelación. Más aún, es ilegal que los proveedores de servicios a inmigración que son organizaciones sin fines de lucro cobren tarifas excesivas por servicios; los servicios deben proveerse libres de cargo o por una tarifa bien mínima (nominal).
La acción legal de hoy es la fase más reciente dentro de los continuos esfuerzos que viene realizando el Procurador General Cuomo para proteger a los inmigrantes y a sus familiares de ser asechados por proveedores fraudulentos de servicios de inmigración en Nueva York. Otras acciones legales incluyen:
- En abril del 2010, el Procurador General cerró la Federación Americana de Inmigrantes (American Immigrants Federation) por engañar a inmigrantes con falsas promesas de ciudadanía, incurrir en la práctica no autorizada del derecho legal, y por cobrar ilegalmente tarifas exorbitantes por sus servicios. La organización, su presidente Estela Figueredo, y sus afiliadas, tienen que cesar todas sus operaciones y pagar $1.2 millones en restituciones monetarias.
- En marzo del 2010, el Procurador General obtuvo una orden judicial de $3 millones contra una mujer del Condado de Queens, Miriam Hernández, por estafar a inmigrantes al reclamar que ella podía ayudarlos a ganar la ciudadanía Americana.
- En enero del 2010, el Procurador General demandó legalmente y obtuvo una orden de restricción temporal contra la Fundación Internacional del Inmigrante, Inc. (International Immigrants Foundation), la Asociación Profesional Internacional (International Professional Association), y el presidente de ambas, Eduardo Juárez, por incurrir en fraude y por ejercer la práctica no autorizada del derecho legal. Actualmente este caso está pendiente en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
- En agosto del 2009, el Procurador General cerró 3 compañías – ‘Immigration Solutions and Systems, Inc.’ y su propietario Mary DiSerio de Manhattan; ‘Alisandra Multiservices, Inc.’ y su propietaria Sandra A. Peguero de Brentwood, Long Island; y ‘All Immigration Services’ y su propietarios Ruth A. Shalom y Isaac Shalom de Great Neck, Long Island – por proveer servicios legales no autorizados y fraudulentos a comunidades inmigrantes, y se les requirió que pagaran restitución monetaria completa a todas las víctimas. A las compañías se les requirió pagar más de $100,000 en multas (penalties) y se les prohibió permanentemente operar negocios de servicios de inmigración.
- En agosto del 2009, el Procurador General demandó legalmente a 3 compañías – ‘Immigration Community Service Corporation’ y su propietario Vincent I. González; ‘Professional Solutions Consultants (que hacían negocios con el nombre de ‘Reliable Clerical Services’ y ‘Reliable Immigration Services’) y su propietario Clover A. Pérez; y al Centro Santa Ana y su propietaria Ana Lucía Baquero – todas ubicadas en Queens, por proveer servicios legales no autorizados y fraudulentos a comunidades inmigrantes. Con las demandas se busca el pago de un desagravio por mandato judicial (injunctive relief), restitución monetaria y pago de multas (penalties). Actualmente estos casos está pendientes en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
Edward Domínguez, Director Ejecutivo de la organización Catholic Migration, dijo, “Mientras los haitianos continúan enfocándose en la recuperación y reconstrucción, es tranquilizador saber que el Procurador General Cuomo está tomando estos pasos para asegurarse que las víctimas, sus familias y otros en la comunidad no sean aprovechados por las organizaciones de inmigración fraudulentas para el beneficio de éstas. Es nuestro deseo continuar trabajando con la Oficina del Procurador General en identificar a los perpetradores y traerlos ante la justicia”.
Chung-Wha Hong, Director Ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, dijo, “Le damos la bienvenida a Nueva York a nuestra creciente comunidad haitiana, de los cuales muchos han sido desplazados por una horrible e indescriptible tragedia. El que cualquier individuo o grupo esté tratando de estafar a estas familias que están tratando de reconstruir sus vidas es como si se cometiera otra atrocidad. Los esfuerzos que realiza el Procurador General Cuomo para proteger a los inmigrantes haitianos y a todos los Niuyorquinos de estafadores y tretas engañosas deben ser elogiados”.
La comunidad inmigrante es una parte vital del variado tejido con el que está compuesto el Estado de Nueva York. Existen más de 3 millones de inmigrantes viviendo en el Estado de Nueva York. Los inmigrantes de 148 países diferentes representan el 36% de la población de la Ciudad de Nueva York, el 43% de su fuerza trabajadora, y el 60% de los dueños de hogar.
Todos los Niuyorquinos deben tener cuidado con compañías y organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios de inmigración a cambio del pago de tarifas exorbitantes y sin tener la acreditación apropiada. Una lista de servicios de inmigración gratuitos y de bajo costo que están disponibles a través de organizaciones sin fines de lucro y abogados puede encontrarse en el Departamento de Justicia Federal (U.S. Department of Justice), la Línea Informativa sobre Inmigración del Estado de Nueva York (New York State Immigration Hotline), y la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals). Los haitianos que están en los Estados Unidos sólo tienen hasta el 20 de Julio del 2010 para solicitar el TPS.
Estos casos están siendo manejados por la Sub Procuradora General Vilda Vera Mayuga y por la Vice Sub Procuradora Elizabeth De León, con la asistencia de los Investigadores John McManus y Angel Laporte, bajo la supervisión del Vice Procurador Especial del Buró para los Derechos Civiles, Alphonso B. David y el Abogado En Jefe para los Derechos Civiles Spencer Freedman.
Si usted ha sido víctima de fraude al buscar ayuda para inmigración, por favor, contacte a la Oficina del Procurador General a través de la Línea de Información de la Unidad Contra el Fraude en los Servicios de Inmigración al 1-(866)-390-2992 ó visite http://www.ag.ny.gov/bureaus/civil_rights/immigration_fraud/about_sp.html
Las demandas están disponibles en www.ag.ny.gov
Documentos Anexos:
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